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El sector privado de Argentina sigue de cerca las conversaciones por salarios del sector público, con el agravante de la marginalidad en la que quedan expuestos los trabajadores informales.

Las consecuencias están a la vista por una abrupta pérdida del poder adquisitivo, donde 25 de Mayo en particular muestra segmentaciones cada vez más deterioradas.

Empresarios ante un escenario global volátil, han sido especialmente enfáticos en estos meses en que será muy necesaria la moderación salarial para buscar mantener sus ventas en una economía que creció a altas tasas en el 2011 pero que se enfrenta a una desaceleración este año.

Hay vestigios de que la conflictividad en el sector público podría incrementarse, ya que las cuentas públicas más ajustadas (ver nota) tras años de bonanza están llevando al gobierno a un giro que se expresa en reducciones de salarios públicos hablando en términos reales.

Economistas afirman que las negociaciones salariales, que en los próximos meses se extenderán a todos los sectores, serán claves para marcar el nivel de inflación del 2012 en el país.

El gobierno está dando señales implícitas de buscar una moderación en los incrementos salariales para impedir una mayor erosión de la competitividad local.

Uno de los casos testigo es la pelea entre la política y los gremios docentes, sector de trabajadores en particular que explota de bronca por el desliz desafortunado que esgrimió la presidenta Cristina Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional.



Oficialmente se reconoce una inflación menor al 10 por ciento anual, aunque en los últimos años ha homologado acuerdos de incremento salarial cercanos a los de la evolución del costo de vida calculada por economistas privados, en torno a un 25 por ciento en el 2011.

Existe la sospecha generalizada de que las estadísticas oficiales están manipuladas para informar un índice menor al verificado, según denuncias de opositores, economistas y hasta de empleados del instituto que las elabora.