Economía
Argentina parece estar lista para declararse el próximo jueves en moratoria de pago de su deuda por segunda vez en 12 años, en vista de que las negociaciones con los llamados inversores "holdouts" se mantienen estancadas y ninguna de las partes muestra señales de ceder, aunque no puede descartarse un acuerdo de último minuto.
Pero el tiempo corre.
Tras una serie de reveses legales para Argentina en tribunales de Estados Unidos, el país apenas tiene pocos días para cumplir con un fallo que emitió el juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos Thomas Griesa en el 2012, para que el Gobierno pague 1.330 millones de dólares, más intereses, a los fondos que Buenos Aires califica de "buitres".
Si el estancamiento persiste, Griesa impedirá que Argentina haga el 31 de julio el pago de un cupón a los inversores que sí aceptaron la reestructuración de sus valores, desatando un nuevo default justo cuando la economía lucha con la recesión, menores reservas internacionales y una galopante inflación.
A diferencia de la crisis de deuda de Argentina del 2001-2002, cuando el país estaba quebrado y ni siquiera podía pagar a sus funcionarios, en esta oportunidad es un Estado solvente al que Griesa ha bloqueado el pago de sus bonos canjeados hasta que se resuelva la batalla con los “holdouts”.
La postura combativa de Argentina ha incrementado las probabilidades de un default. La presidenta Cristina Fernández no ha escatimado palabras, calificando de extorsionistas a los “holdouts” y criticado con dureza al juez por un fallo que ella describe como injusto.
El Gobierno argumenta que un acuerdo con dichos fondos de cobertura colocará al país en riesgo de violar la llamada cláusula RUFO, que le prohíbe ofrecer voluntariamente mejores términos de pago a los inversores que no se acogieron a las reestructuraciones que al 92,4 por ciento de los inversores que aceptaron el canje con una fuerte quita.
RUFO son las siglas en inglés de la cláusula "derechos sobre futuras ofertas", la que expira el 31 de diciembre. Por eso, Argentina quiere que se suspenda el fallo de Griesa para entrar en negociaciones sin el riesgo de demandas de los bonistas que se acogieron a las reestructuraciones, que el Gobierno estima que podrían alcanzar los 400.000 millones de dólares. Hasta ahora el juez se ha negado.
